Con veinticuatro años y su primer contrato indefinido como técnica de laboratorio, Ainhoa decidió que había llegado el momento de dejar la casa de sus padres en Bilbao. Después de un mes buscando, encontró un estudio de treinta y cinco metros en el barrio de Deusto por seiscientos cincuenta euros al mes. Le encantó desde el primer momento: tenía mucha luz y una pequeña terraza.
El propietario, un señor mayor llamado José Mari, le mandó el contrato por correo electrónico. Tenía doce páginas y estaba lleno de palabras que Ainhoa no conocía: «fianza», «actualización de la renta», «prórroga tácita»... Antes de firmar, le pidió ayuda a su tía Begoña, que es abogada.
Begoña lo leyó con atención y le explicó los puntos más importantes. Primero, la fianza: un mes de alquiler que el propietario tiene que depositar en un organismo oficial y devolver al final del contrato si el piso está en buen estado. Segundo, la duración: aunque el contrato decía un año, por ley el inquilino puede quedarse hasta cinco años si el propietario es una persona física. Tercero, la actualización: el alquiler puede subir cada año, pero solo según un índice oficial, no lo que quiera el propietario.
También encontró una cláusula problemática. El contrato decía que todas las reparaciones serían responsabilidad de la inquilina. «Eso no es legal», le dijo Begoña. «Las reparaciones necesarias para que la vivienda sea habitable, como la caldera o las tuberías, las paga el propietario. Tú solo pagas las pequeñas reparaciones por el uso diario».
Ainhoa habló con José Mari, un poco nerviosa. Para su sorpresa, él aceptó cambiar la cláusula sin problemas. «Lo copié de un modelo de internet», confesó. Antes de firmar, Begoña le recomendó una cosa más: hacer fotos y vídeos de todo el piso, con fecha, para demostrar su estado si había problemas al final.
El día que recibió las llaves, Ainhoa se sentó en el suelo del estudio vacío y sonrió. Por primera vez, tenía un lugar propio. Y sabía exactamente cuáles eran sus derechos.