El anuncio parecía demasiado bueno para ser verdad: un piso de dos habitaciones en el barrio de Lavapiés, en Madrid, con balcón, recién reformado y por mil cien euros al mes. Para lo que cuestan los alquileres en el centro, era casi un regalo. Elisa y su pareja, Joan, llamaron a la inmobiliaria a los diez minutos de que se publicara. Les dieron una visita para el día siguiente a las seis de la tarde.
Llegaron un cuarto de hora antes, pensando que serían los primeros. Se equivocaban. En el portal ya había una cola de gente que llegaba hasta la esquina. Elisa empezó a contar: había al menos treinta personas. Parejas jóvenes, estudiantes, una familia con un bebé, un señor mayor con una carpeta llena de papeles. Todos se miraban con una mezcla de solidaridad y desconfianza.
A las seis en punto apareció la agente, una chica joven con prisa. Explicó que la visita sería en grupos de diez y que cada grupo tendría cinco minutos. «Si os interesa, me dejáis vuestros datos y la documentación, y el propietario elegirá», dijo sin sonreír.
Cuando por fin subieron, el piso era más pequeño de lo que parecía en las fotos. El balcón era tan estrecho que solo cabía una persona de pie, y una de las habitaciones casi no tenía luz. Aun así, estaba limpio y bien situado. Elisa y Joan entregaron una carpeta con sus contratos de trabajo, las nóminas de los últimos tres meses, la declaración de la renta y una carta de presentación que habían escrito la noche anterior, contando quiénes eran y por qué querían el piso.
Oyeron a otra pareja ofrecer seis meses de alquiler por adelantado. Otro chico dijo que pagaría cien euros más al mes. Joan se desanimó: «Así no podemos competir».
Una semana después, la inmobiliaria los llamó. No les habían elegido. Pero la agente les dijo algo que no esperaban: el propietario de otro piso, más pequeño pero más tranquilo, había leído su carta y quería conocerlos. «Al final, contar quiénes éramos sirvió para algo», dice Elisa. Llevan allí dos meses.