En el edificio de la calle Mayor número doce, en Lleida, viven dieciséis familias. Durante años, la convivencia fue tranquila. Pero el otoño pasado empezó un conflicto que dividió a los vecinos en dos grupos: el de las bicis.
El problema era sencillo. Cada vez más vecinos usaban la bicicleta para ir al trabajo o al colegio, pero el edificio no tenía un lugar para guardarlas. Algunos las subían a casa en el ascensor, pero el ascensor era pequeño y se rayaba. Otros empezaron a dejarlas en el portal, atadas a la barandilla de la escalera. Al final, llegó a haber nueve bicicletas en el portal.
Para algunos vecinos, era un problema serio. La señora Montserrat, de ochenta y dos años, que camina con andador, decía que no podía pasar bien y que tenía miedo de caerse. Otros se quejaban de que las bicis manchaban el suelo y las paredes. El presidente de la comunidad, Ramón, puso un cartel: «Prohibido dejar bicicletas en el portal». Pero las bicis seguían allí.
El ambiente se puso tenso. En el grupo de mensajería de la comunidad aparecían mensajes cada vez más agresivos. Alguien llegó a quitar la rueda de una bici como protesta. Los ciclistas decían que no tenían otra opción y que la bici era buena para el medio ambiente.
Al final, se convocó una reunión extraordinaria de la comunidad. Fue larga y tensa, pero allí surgió una idea. En el sótano había un antiguo cuarto de contadores que llevaba años vacío y lleno de trastos. Si lo limpiaban y ponían soportes para bicis, podría servir de aparcamiento. Hubo una votación, y la mayoría aprobó la propuesta. El coste, unos ochocientos euros, se pagaría entre todos los vecinos.
Los ciclistas se ofrecieron a hacer el trabajo un sábado para ahorrar dinero. Vaciaron el cuarto, pintaron las paredes e instalaron diez soportes. Ahora cada ciclista tiene una llave del cuarto, y el portal está libre.
«Lo mejor fue que, al final, trabajamos juntos», dice Ramón. Incluso la señora Montserrat bajó aquel sábado con una bandeja de magdalenas para los voluntarios.